Resumen:
La guerra contra las drogas se legitima en una política pública fracasada y prohibicionista, a través de discursos ideológicos donde se refuerza el modelo coercitivo y rechazo hacia las sustancias; la cual pretende exterminar con el uso y consumo de drogas. Ciertamente, esta premisa desconoce que el uso y consumo de drogas es un hecho social, el cual ha venido formado parte de la construcción e historia de todas las civilizaciones. Estas políticas públicas han sido objeto de crítica, a razón de que, los índices de consumo no se reducen o eliminan solo con prohibir; por el contrario, se agravan los problemas debido al aumento del consumo y el surgimiento de nuevas organizaciones y estructuras criminales. Las cuales astutamente han aprovechado las políticas prohibicionistas de cero tolerancias al consumo, asociado a la falta de regulación de espacios públicos para uso legítimo de las mismas, propiciando el surgimiento de espacios clandestinos de consumo, los cuales cumplen con las características definidas por el antropólogo Marc Auge para ser considerados como No Lugares. Para este estudio se aplicó el método de investigación cualitativa, mediante la técnica entrevista a profundidad, lo que permitió recopilar información relevante sobre la dinámica del funcionamiento de los espacios clandestinos para el consumo de droga; así como de los comportamientos de los usuarios en estos lugares. En consecuencia, tal parece que la postura represiva de consumo de drogas obliga a que usuarios oculten su consumo, obligándose a buscar diferentes alternativas para evadir por un lado la censura y rechazo de sus familiares y amigos, y por otro el control de la fuerza pública. Estos espacios creados clandestinamente, los encuentran en quebradas, en ollas, debajo de puentes, en fumaderos, casas arrendadas o abandonadas, en habitaciones de hoteles de baja categoría, lugares manejados por gente inescrupulosa donde ponen en riesgo su salud, seguridad y hasta sus propias vidas. A pesar de lo antes expuesto en Ecuador no se ha logrado implementar políticas públicas que ofrezcan alternativas para un consumo seguro por lo menos para ciertas sustancias o que estén direccionadas a disminuir los riesgos o daños, por el contrario; existe una escasa tolerancia hacia los consumidores instaurado por construcciones verbales donde se legitima la prohibición y el rechazo.
