Resumen:
Los últimos años han sido testigos de transformaciones radicales en gran parte de los países, tanto en las relaciones entre el Estado y la sociedad como en los patrones de
organización económica y política. Fenómenos como la desregulación y la apertura de mercados, el ajuste del Estado y de la economía, la desocupación y flexibilización laboral, la privatización de numerosas empresas y servicios públicos, la descentralización administrativa, la integración regional y la globalización económica, han redefinido los roles tradicionales del Estado sobre todo sus funciones benefactoras y empresariales, replanteando a la vez el papel del mercado, de las empresas privadas y de la propia sociedad. Actualmente, en los inicios de un nuevo siglo, la ciudadanía espera, mejor aún, exige una administración pública de excelencia y con profunda vocación de servir bien a la población; para convencerse de que el gobierno está en condiciones de proteger sus intereses en un entorno nacional e internacional más competitivo. La administración pública se desenvuelve y desenvolverá en realidades cada vez más turbulentas y complejas que dan vida a la fase de la posmodernidad. Por lo tanto, debe considerar y
afrontar situaciones tales como, las recurrentes crisis económicas, la globalización, la interdependencia y la incertidumbre. Debe contribuir, en el marco de la reforma del Estado, a realizar con eficacia, la actividad gubernamental; dar cabida a las crecientes manifestaciones de participación ciudadana en la gestión pública; hacer próspero al país e
impulsar la sociedad a estadios de desarrollo más justos, económica, política y socialmente.