Resumen:
En momentos en que el Estado ecuatoriano atraviesa por una profunda crisis política, económica y social, amenazada su integridad nacional por una corriente de intereses regionalistas de proclamación de autonomías provinciales, surge la necesidad de proponer alternativas que permitan alcanzar un espectro político libre de demagogia, que dentro del sistema democrático en que se desenvuelve, no sea propicio el terreno para ofrecimientos políticos o mejor dicho politiqueros que abusen de la ingenuidad del pueblo ecuatoriano, verdadero soberano que entrega el poder a quienes tienen los medios económicos para terciar en los procesos electorales y una vez entronizados en los cargos para los que han sido elegidos, en la gran mayoría de los casos, olvidarse de sus representados y lo que es peor, no cumplir sus ofrecimientos de campaña electoral, burlándose de quienes confiaron con su voto la ejecución de las acciones y programas que el país necesita.
Para algunos sectores de la clase política no será de agrado la adopción de medidas que de alguna manera vigilen el cumplimiento de sus funciones, tal es el caso de la obligatoriedad de presentar el plan de trabajo para inscribir las candidaturas, sin embargo hay que poner freno al engaño, a la corrupción que transita libremente por los territorios de la Republica.
Por ello es que la figura de la Revocatoria del Mandato ha sido constitucionalizada para dejar sin efecto el encargo que se ha realizado a quienes han sido elegidos y no han cumplido eficazmente con este encargo.
Aunque ya existen disposiciones que establecen la obligatoriedad de presentar informes, balances o documentos que sean soporte de las funciones y actividades desempeñadas surge también la necesidad de implementar la Rendición Social de Cuentas como mecanismo que regule, vigile y verifique el derecho de los electores y la ciudadanía en general de conocer y exigir una efectiva gestión, mediante los resultados y rectos procedimientos seguidos para el cumplimiento de lo ofrecido por los depositarios de la confianza del pueblo, y por quienes tienen a su cargo el desarrollo de actividades que deben ofrecer cuentas a la sociedad.
La experiencia vivida por la sociedad ecuatoriana en Febrero de 1997 ha determinado la introducción en la Constitución Política de la República, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, de la institución jurídico-política de la Revocatoria del Mandato, la que sin duda, representa un mecanismo que dentro del devenir del sistema democrático le permite al pueblo en ejercicio de su soberanía, que, así como delegó el ejercicio del poder, también revoque ese mandato cuando no se hayan cumplido los objetivos que motivaron la elección de sus representantes. Por esta razón resulta lógico y necesario su estudio en relación con la institución jurídica de la Rendición de Cuentas por parte de los funcionarios públicos que en ejercicio de la representación que ostentan están obligados a cumplir las funciones para las que han sido elegidos, sin embargo eso no es todo, pues este cumplimiento debe procurar ser efectivo, eficaz y oportuno. De allí la necesidad de normar la rendición de cuentas como instrumento regulador y controlador de un cabal ejercicio de la representación ostentada y con la finalidad de intentar brindar un positivo aporte al país, visualizando un derrotero de progreso, desarrollo y seguridad que enrumben a la Patria y la proyecten con optimismo al siglo XXI, sacándola de la actual situación de profunda crisis social, económica y política en la que esta sumida
