Resumen:
Esta investigación surgió de la problemática planteada respecto a la realidad de las políticas públicas que se aplica en los Centros Especializados en el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (CETAD) en el Distrito Metropolitano de Quito, analizando las diferencias existentes del marco normativo regulatorio establecido por el Estado para la aplicación de dicha política para personas con consumo problemático. Para el efecto se partió del análisis comparativo de la aplicación de políticas públicas en tema de drogas, de los textos de la “Constitución Política del Ecuador”; “Ley orgánica de prevención integral del Fenómeno Socio Económicode las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización” así como también las Políticas Públicas que emanan del “Plan Nacional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas”. El análisis encontró discordancias de aplicabilidad en tres Centros especializados en tratamiento de Adicciones de la ciudad de Quito. Este estudio visualizó como un todo el tema social, en la evaluación del resultado de las acciones de las prácticas de dicha política pública, accionadas en la población que se desenvuelve en esta problemática. Como hipótesis se consideró que, en la aplicación de la política pública de los CETAD, existen diferencias muy marcadas en cuanto al funcionamiento, debido a la estricta normativa que emana de la política de drogas, Manifestada en las deficiencias en cuanto a tratamientos a personas con consumo de adicciones y otras drogas. Este es un estudio que utiliza un método descriptivo – cualitativo. Como recurso complementario se realizó entrevistas para conocer la problemática desde el punto de vista de los principales actores involucrados con los centros de tratamiento de adicciones; así como observaciones a los Centros de Tratamiento. Dentro de los principales hallazgos de este trabajo se identificó una marcada diferencia que existen en los CETAD, desde la infraestructura; los modelos de intervención terapéutica; número de profesionales y número de usuarios atendidos en cada centro. Estas diferencias constituyen la respuesta negativa a la estricta normativa que emana de la Política de Drogas, que genera una nula o escasa presencia del Estado para regular las actividades de funcionamiento de los centros, que al no contar con recursos y financiamiento necesarios se manifiesta en las deficiencias en cuanto a tratamientos y atención a personas con consumo de drogas.
