Resumen:
El apoyo militar en tareas policiales en el ámbito nacional fue un tema que acentuó el discurso político, el debate académico y en general el “vox populi” en el marco contextual el gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, en especial en el año 2010 en que se producen cuatro aspectos fundamentales: La manifestación pública de policías el 30 de septiembre del 2010 y los consecuentes decretos de estado de excepción; la emisión de una Medida Cautelar emitida por el Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, en la que se ordena a las Fuerzas Armadas apoyen a la institución policial en favor de la seguridad ciudadana; la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para dinamizar el apoyo militar en tareas de seguridad ciudadana; finalmente la emisión de la política de seguridad, en la llamada “Política emergente contra la criminalidad” en el Plan Nacional de Seguridad Integral. El punto central en este tema es que la política de apoyo militar a la tarea policial fue aplicada de forma “emergente”, por lo tanto no se han evaluado sus alcances; en consecuencia, con un amplio enfoque de objetividad, se ha llevado a cabo un análisis de las variaciones delictivas desde el año 2006 hasta el 2012, para determinar el comportamiento antes y después de dicho apoyo fue el año 2010 el punto de corte. La investigación tuvo la guía de una hipótesis: “El apoyo militar contribuye a la disminución de los niveles de delincuencia”, lo que se pudo aseverar luego del análisis de datos estadísticos, puesto que han disminuido los homicidios cometidos con armas de fuego y a la par han aumentado las incautaciones de este tipo de armas por los militares.
Descripción:
Military support in law enforcement at national level was a theme that stressed the political discourse, academic debate and in general the "vox populi" on the shortcut under the government of Ec. Rafael Correa Delgado, especially in 2010 in four fundamental aspects that occur: the public manifestation of the Policia Nacional on September 30, 2010 and the subsequent emergency state decrees; issuing a precautionary measure issued by the Second Criminal Judge Twenty of Pichincha, which is ordered to the military support of the police institution for public safety; the proposal to amend the Public Safety Act and the State to boost military support in public security tasks; finally the issue of security policy in the "emerging policy against crime" in the National Plan of Integrated Security. The focus in this issue is that the policy of military support for the police work was applied to "pop" so therefore were not evaluated its scope; accordingly, with a comprehensive approach to objectivity, has conducted, an analysis of crime changes from 2006 to 2012, to determine the behavior before and after such support was the 2010 cutoff. The research was guided by a hypothesis: "The military support helps to reduce levels of crime", which could then assert the statistical data analysis, since decreased homicides committed with guns and on par have increased seizures of such weapons by the military.
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