Revista IAPEM - Desarrollo, Seguridad y Gestión de Gobierno - Número 63, Enero-Abril, 2006

Abstract

Los problemas del desarrollo político, económico y social son una constante que se relaciona de modo irrestricto con la Administración pública y los proyectos de vida que se definen y acuerdan con el concurso de los actores institucionales. La búsqueda por mejorar y ampliar las condiciones de vida de modo integral, ocupa un lugar de primer orden en la agenda de los Estados y está situación implica destacar que no hay punto de reposo ni pausas prolongadas cuando se trata de impulsar las políticas públicas con carácter estratégico. El desarrollo no es únicamente una categoría de análisis, sino arquetipo que implica capacidades eficaces para alentarlo, promoverlo y asegurarlo. Implica visión de futuro en el corto, mediano y largo plazo. Implica además, la relación funcional entre medios y fines para dar cumplimiento a los valores, objetivos y metas que se definen de manera colectiva y política. Es un asunto de relevancia que se orienta a trasformar condiciones de vida por la senda de la igualdad, la civilidad, la equidad, el bienestar y la inclusión social. Por su complejidad, las instituciones de carácter público son las más obligadas para que aporten lo mejor de su inventiva y respuesta a favor de la coordinación de los esfuerzos colectivos. Ello no implica en modo alguno, que los actores privados y sociales sean ajenos a está empresa, sino que son parte decisiva en ella, pero que las tareas de dirección, convocatoria y cooperación deben asegurarse desde la posición rectora del Estado en cuanto organización política de la sociedad.