Resumen:
El Estado ecuatoriano garantiza, a través de la constitución, los derechos fundamentales entre otros, a la vida y al bienestar individual y colectivo, para lo cual ha establecido una serie de instrumentos legales y mecanismos que posibiliten este objetivo ante la serie de amenazas que surgen como producto del conflicto que cada día se agrava como consecuencia del deterioro de la situación familiar y social, ante la presión de grupos hegemónicos. Uno de los problemas que va adquiriendo particular importancia por su magnitud y gravedad es el de los accidentes de tránsito, que se ha convertido en una verdadera epidemia que no reconoce estratos ni condición socio-económica, afectando a numerosas persona, a tal punto que en los últimos 5 años se ha convertido en la primera causa de muerte en la provincia de Pichincha que es la que presenta el mayor índice de accidentes por esta causa a nivel nacional, con una tasa de 29.2 muertes por cada 100.00 habitantes y el 6.4% del total de muertes registradas en 1991. Quito se está convirtiendo en una de las ciudades más peligrosas y violentas del Continente, abonando a ello los accidentes de tránsito con una frecuencia de 180 accidentes diarios. La “Ley de Tránsito y Transporte Terrestres” contempla una serie de infracciones tipificadas como delitos con sanciones de hasta 9 años de reclusión menor ordinaria o como contravenciones con sanciones de hasta 15 días, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de tal infracción, sin embargo el proyecto de la “Nueva Ley” continua sin ser aprobada por el Congreso frente a fuertes presiones de los choferes profesionales que han logrado el ablandamiento de las penas, que inicialmente contemplaba.