La securitización del crimen y la violencia social: militarización de la Policía criminal en el Ecuador 2002-2008

Abstract

La preocupación por la seguridad pública, como campo de estudio y de acción cívica y política, así como las políticas públicas que se implementan por parte de los estados y/o gobiernos locales al respecto, constituye en la actualidad uno de los mas importantes temas que orientan la atención de las sociedades y de las poblaciones sobre las que recaen los efectos de esas decisiones.

La seguridad de los estados, a veces puede ser incompatible con el ejercicio de los derechos civiles de la población. Dicho de otra manera, la seguridad del Estado nos ofrece la paradójica situación se supone que debe subsistir justamente para garantizar los derechos y ofrecer mayores niveles de seguridad, puede, en ese mismo ejercicio, llegar a ser incompatible con la seguridad personal de los ciudadanos o individuos dentro de su dominio, afectando el ejercicio de sus libertades. Tales libertades pueden resentirse por la aplicación de doctrinas que privilegian unos asuntos sobre otros; cuando valores antagónicos entran en colisión, y cuando los derechos de unos compiten o invaden el derecho de otros.

Sin duda el concepto de seguridad tiene un significado polisémico, dentro del que están en pugna diversas concepciones económicas, sociales y políticas concernientes a los estados, gobiernos, grupos sociales y tendencias existentes en la sociedad. Las políticas de seguridad utilizan medios institucionales en el abordaje de las estrategias para enfrentar los problemas, establecen convergencias, alineamientos y alianzas en razón de la necesidad de compartir intereses y recursos. En fin las políticas o acciones de gobierno son diversas como matices doctrinarios y experiencias existan en la base política de sus formulaciones y práctica.

En la sociedad actual se han acentuado las convicciones de que tales políticas deben ser orientadas por autoridades electas que asumen la jefatura del gobierno y del estado y actúan en consonancia con la Constitución que es la que establece los límites de la actuación estatal y de sus órganos. Pero no pocas veces el comportamiento de los responsables de la conducción de las políticas, e incluso las propias instituciones u organismos que las contienen, corresponden a la finalidad con la que fueron creados.