Los mecanismos administrativos institucionales para el combate a la corrupción en el sector público, quinquenio: 1999-2003

Abstract

Efectivamente, la corrupción es un juego en el que todos pierden, de allí que acontecimientos como el financiamiento de campañas políticas con dineros de dudosa procedencia, uso del poder en beneficio de pocos, enriquecimiento ilícito, nepotismo en cargos del sector, determinan que el Ecuador vive un caos social, económico y moral, producto de la galopante ola de corrupción que embarga no solo a nuestro país, sino que ha contaminado a la mayoría, sino a todas las sociedades latinoamericanas y de otras latitudes.

En nuestro contexto, se ha establecido una forma de vida basada en el abuso, malversaciones, defraudaciones, coimas, tráfico de influencias, ignorancia, enriquecimiento ilícito, mediocridad, engaños y más vicios que han corrompido la administración de la sociedad.

Este conjunto de factores reñidos con la ética y la moral, que lamentablemente se dan en el país, han determinado que el Ecuador se presente como una sociedad en riesgo, concepto que quizás es el más eficiente para diagnosticar una verdad social, millones de seres humanos inmersos en un círculo económico, sin seguridad y procedimientos que no garantizan los fines que una organización social persigue, ni la tranquilidad, ni el bienestar, ni la práctica de los derechos humanos y constitucionales a plenitud.

En base a datos, no muy claros, para la opinión pública, pero que sirven para hacer ciertas apreciaciones se ha señalado que el Ecuador es uno de los países más corruptos del planeta y así lo sentimos los ecuatorianos, pero para este hecho cierto y nefasto existen autores, cómplices y encubridores que por la misma acción de la corrupción están protegidos, impunes y desconocidos.

La corrupción va más allá del delito, los hechos dolorosos, dañosos y culposos, que según la normativa del Estado se consideran como delitos, afectan no solo a intereses particulares o de grupos, sino su principal afectación está en la sociedad en general, la que de manera resignada debe ver como cada año se lapidan alrededor de dos mil millones de dólares en actos de corrupción, restando con ello la posibilidad de atender a vastos sectores de población marginada, con lo que se fermenta la reacción social, tornando más frágil la democracia del país en un clima de creciente ingobernabilidad, de bajo desarrollo y altos niveles de inseguridad, poniendo incluso en riesgo la supervivencia del Estado.