Evolución y perspectivas del régimen jurídico que rige al sistema penitenciario ecuatoriano

Abstract

La crisis estructural por la que atraviesa el sistema penitenciario ecuatoriano, es el resultado de la deficiente política estatal, reflejada en la problemática económica, social, política y jurídica, que limita a gran escala la verdadera y correcta aplicación de la normativa legal existente, la misma que contiene disposiciones específicas, tendientes a la rehabilitación y reinserción social, para que las personas que cumplen penas de privación de la libertad puedan reincorporarse a la sociedad como elementos positivos, cuyas bases doctrinarias se encuentran estipuladas tanto en la Constitución y la Ley. Por tanto se visualiza que los aspectos relacionados con el sistema penitenciario y rehabilitación no escapan a la crisis general, por lo que el ordenamiento jurídico prácticamente aparece como mero planteamiento teórico con escasa posibilidad de ser ejecutado.

La ausencia de respuestas sociales por parte del Estado, ha dado origen a progresivas y permanentes situaciones de violencia social, pero además a un real incremento de los índices de delincuencia. El sistema penitenciario por tanto es la respuesta que el Estado da a la conducta violatoria de la ley por parte de las personas consideradas legalmente imputables.

Es importante conocer el origen y avance de la normativa legal, desde la óptica jurídico – social, que ha permitido la estructuración del sistema penitenciario, que en base al desarrollo científico, tecnológico debe adaptarse a los requerimientos de la sociedad contemporánea actual y a los avances del Derecho penitenciario moderno.

El presente trabajo contiene un desarrollo sobre la realidad del sistema penitenciario ecuatoriano, realidad asociada al aspecto de la reinserción social, la cual es la base del sistema penal, puesto que su orientación es la de no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano útil para la sociedad. Según la doctrina, las obligaciones de los Estados, constituyen derechos para sus ciudadanos, desde este punto de vista, cuando la Constitución manda a que el sistema penitenciario cuente con instalaciones adecuadas, para promover la rehabilitación del delincuente, está prácticamente otorgándoles un derecho a las personas privadas de libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación a la sociedad. Tenemos una legislación enfocada a cumplir con el buen tratamiento al recluso, pero la realidad del sistema penitenciario ecuatoriano, contrasta totalmente con la teoría, la falta de aplicación de verdaderas políticas de rehabilitación social quebranta la condición de seres humanos, los niveles de hacinamiento son desesperantes, es necesario buscar el cumplimiento efectivo de las disposiciones en materia penitenciaria para nuestro país, ya que escasamente se cumple, la política criminal del Estado, se ha separado de su finalidad ulterior y está cometiendo enormes violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad.