La delincuencia: un problema de inseguridad interna en la ciudad de Quito frente a las políticas de rehabilitación y reinserción establecidos en el código de ejecución de penas y rehabilitación social en el Ecuador

Abstract

La ciudad de Quito no es una excepción dentro del panorama nacional y mundial de inseguridad ciudadana en vista de la proliferación de delitos en sus diferentes facetas como son: el narcotráfico y sus secuelas, los delitos considerados comunes: delitos contra la propiedad: robo, hurto, asalto, estafa o lo que es peor la internacionalización de delitos como el robo de vehículos, secuestro de personas, subversión, delitos frecuentes aún en mayor grado en los países vecinos como son Perú y Colombia, y que de manera directa afectan al Ecuador y especialmente a la ciudad de Quito.

De conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del Art. 183 de la Constitución Política de la República, el mismo que en su parte pertinente, textualmente dice: “La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden públicos...”. Se puede establecer que el Estado a través de la Fuerza Pública garantiza la tranquilidad de las personas y el desenvolvimiento normal de las actividades socio-económicas, así como también el control de la criminalidad y de los delitos en general, que deterioran seriamente el nivel de bienestar de la población.

Dentro de la seguridad interna y control de la delincuencia mencionamos al Ministerio Público, entidad que dentro de sus funciones se encuentra la defensa y patrocinio de la sociedad y al ser parte de los organismos de control, está llamado a prevenir en el conocimiento de las causas, dirigirlas y promover la investigación preprocesal y procesal penal, de hallar fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal, para cuyo efecto la Policía Nacional trabajará coordinadamente con el Ministerio Público.

Una de las más grandes aspiraciones del gobierno nacional y los gobiernos seccionales es garantizar la seguridad ciudadana, en consecuencia, para la Policía Nacional constituye su principal desafío, de forma tal que garantiza que cada integrante de la comunidad pueda desarrollarse y vivir de manera tranquila, por lo que esta Institución Policial viene enfrentado profesionalmente los cambios que ha ido experimentado el país y procurando satisfacer las crecientes exigencias de una sociedad cada día más compleja, particularmente en el ámbito de la inseguridad. Es deber de esta noble Institución desarrollar una labor preventiva, es decir actúan procurando minimizar la ocurrencia de los delitos o, en su defecto capturan a quienes han infringido la ley. La vigilancia judicial es una de las múltiples variables que inciden en el aumento o disminución de los niveles de delincuencia.

La búsqueda de soluciones para enfrentar los problemas de inseguridad, demanda de una alta inversión; sin embargo, muchas veces es considerada. Debe considerarse que es una obligación que el gobierno seccional debe asumir por el bien de la ciudad, que en la actualidad se encuentra muy venida a menos por los diferentes factores que incrementan la delincuencia y acrecientan la inseguridad en todos sus niveles.