La seguridad jurídica en relación al debido proceso judicial en el Ecuador

Abstract

Las normas jurídicas son las condiciones bajo las cuales, los hombres, considerados filosóficamente como entes, revestidos de independencia y libertad, se concentraron en sociedad, fastidiados de permanecer en una subsistencia en estado de beligerancia, de disputas por el poder y de gozar, tal vez, de una libertad que resultaba ineficaz por la incertidumbre de mantenerla y conservarla. Cada ente, por consiguiente, sacrificó, ofrendó y otorgó una parte de esa libertad para gozar del restante con seguridad y tranquilidad.

La adición de todas esas porciones de libertades sacrificadas por cada ente, con miras al bien de cada individuo, constituye la soberanía de una nación, por esa razón, es que, constitucionalmente, la soberanía radica en el pueblo, siendo éste, consecuentemente, soberano, por ser depositario y administrador legítimo de ella.

Pero no fue suficiente con formar un reservorio de libertades, sino que constituyó un imperativo crear mecanismos para defenderla de las usurpaciones particulares, de ciertas personas que tratan no solo de sustraer del reservorio su parte de libertad que fue otorgada al bien común, sino que su intención es apoderarse también de la de los demás. Esto significa el quebrantamiento de un sistema de valores impuestos, ocurridos por motivos múltiples, que empujan hacia el retorno del caos de las leyes de la sociedad, lo cual equivale al perfil conductual antijurídico y típico que implica una acción u omisión determinada, que dio como resultado la necesidad de motivos sensibles que sirvan para desviar el ánimo despótico de aquellas personas, cuya intención es causar daño a la sociedad, alterando su orden y su paz social.

Esos motivos sensibles son las penas establecidas que están dirigidas contra los infractores de las leyes.

Pero, para que la sociedad jurídicamente organizada pueda aplicar el Ius Puniendi, es necesario la observancia de un procedimiento adecuado y aceptado por la colectividad, que acoja los principios inmanentes, permanentes y universalmente reconocidos, que responda a las necesidades morales, sociales y jurídicas, cuyo objetivo sea la consecución de la realización de la justicia, entendida ésta, como el vínculo inexorable para mantener unidos los intereses públicos y particulares, en contraposición al estado de insociabilidad.

La sociedad y el Estado existen para las personas con el objetivo de garantizar su dignidad y su libertad; y, por lo tanto, los derechos fundamentales del hombre se constituyen en preocupación de la administración de justicia, la misma que se forja como un sistema interrelacionado de elementos socio – jurídicos que interesan a todas las fuerzas sociales que intervienen en el desarrollo de la sociedad.

En este contexto, la ley procesal, fundamentada en las normas supremas de la Constitución Política del Estado, propone una determinada organización de la actividad judicial, y por ello, el debido proceso en materia penal se concibe como la sistematización de las normas socialmente aceptadas, que establecen el marco legal que se debe observar para la investigación y represión de los actos considerados como conductas típicas, con el objeto de sancionar y aplicar el Ius Puniendi del Estado como medida sancionadora al responsable de tal comisión ilícita.