Incidencia del tratado de libre comercio en el manejo de las relaciones laborales en el Ecuador

Abstract

La Constitución Política de 1929, inspirada por las Constituciones Mexicana de 1917 y Alemana de 1919, incorporó en su texto un conjunto de principios, derechos y garantías relativos al trabajo, en consideración de la escasa capacidad de los trabajadores individualmente considerados, para negociar las condiciones de trabajo con sus empleadores; inaugurándose así, el denominado constitucionalismo social, cuyas principales instituciones han ido perfeccionándose, en los sucesivos cuerpos constitucionales que se han expedido en nuestro país.

Esta irrupción del Estado en las relaciones entre los particulares, está fundamentada en la necesidad de equilibrar desigualdades económicas para viabilizar, en forma efectiva, la igualdad ante la ley.

Teniendo como telón de fondo al Consenso de Washington, desde inicios de la década de los noventa del siglo pasado, el Estado ecuatoriano, inició su proceso de modernización, con el entusiasta impulso de ciertos grupos económicos y sectores de opinión, que veían en las actividades por él asumidas y su tamaño, el origen de todos los males que padecía el Ecuador.

El proceso de modernización del Estado, al decir de la ley expedida para el efecto, tenía como áreas de aplicación: la racionalización y simplificación de la estructura administrativa y económica del sector público, la descentralización y desconcentración de las actividades administrativas y recursos del sector público; y, desmonopolización y privatización de los servicios públicos y de las actividades económicas asumidas por el Estado u otras entidades del sector público.

Como se puede evidenciar, la nueva concepción del Estado, trae consigo el abandono de su papel de actor protagónico en la economía y la abdicación de la mayoría de sus funciones al mercado y, otras tantas, a los organismos internacionales; consecuentemente, su ámbito de acción se va reduciendo cada vez más. En lo que tiene que ver con su capacidad de intervención en el manejo de las relaciones laborales, determinando un mínimo de derechos, remuneraciones y beneficios para los trabajadores, parecería quedar relativizado, aún cuando, los motivos que originaron dicha intervención, continúan latentes en la actualidad y de hecho se han profundizado.

En lo que tiene que ver al manejo de las relaciones laborales, desde 1990 se inicia el proceso de flexibilización y desregulación laborales, toda vez que, se acusaba al Código del Trabajo y particularmente a la institución de la estabilidad laboral, como la causa de la falta de inversión y la escasa generación de nuevos puestos de trabajo. Las reformas legales introducidas y la expedición de nuevos cuerpos legales, se lo realizó contraviniendo flagrantemente los principios, derechos y garantías relativos al trabajo consagrados por la Constitución Política de la República y por numerosos convenios internacionales que han sido suscritos por el Ecuador, en esta materia.

La flexibilidad laboral no es un proceso que haya concluido, puesto que continúan remitiéndose proyectos de ley al Congreso Nacional, con esta finalidad. Basta recordar el proyecto de Ley “Topo” enviado por el defenestrado Presidente Gutiérrez, que entre otra materias abordaba la reducción de derechos de los trabajadores; mismo que fue rechazado por la Legislatura, por razones de política coyuntural, mas no por estar en desacuerdo con sus propuestas.