La descentralización fiscal en el marco de la seguridad y el desarrollo nacional

Abstract

Para analizar el tema de la descentralización es necesario ubicarse alrededor de la centralización, característica que ha sido parte de la estructura, organización, funcionamiento e historia del Estado ecuatoriano hasta la actualidad.

El concepto de centralización está radicado en el estilo de Estado y forma de gobierno, desde la misma configuración del Ecuador como Estado, enraizado en la cultura que constituyó la herencia de los conquistadores.

Este tipo de Estado poco participativo y flexible ha sido causa y efecto de la polarización económica y social; de la centralización política y administrativa, que ha beneficiado de manera preferente a los centros urbanos; del desarrollo desigual de la mayoría de pueblos, ciudades y regiones en donde están los bajos niveles de ingresos y salarios, bajos niveles de inversión de la obra pública, altos índices de emigración, estructuras poblacionales desequilibradas, bajos niveles de empleo, falta de servicios básicos, entre otras características.

En este contexto las demandas sobre descentralización, desconcentración y autonomías en el país, se han constituido en temas de actualidad alrededor de los cuales el Gobierno Central, los Organismos Seccionales, y la sociedad en general, de una u otra manera, expresan a diario sus criterios.

La discusión encierra iniciativas e intereses múltiples, reclamos y demandas, con alcances que van más allá del cantón o provincia, con lineamientos de carácter regional que, de alguna manera, influyen y comprometen la existencia de la actual forma del Estado.

Al principio ese clamor nacional pudo haberse entendido como una necesidad de mejorar la situación político administrativa pero, poco a poco, se han ido confundiendo en otros términos, llegando a expresar sentimientos separatistas que responden claramente a intereses de grupos de poder.

La Constitución Política vigente contempla la posibilidad de llevar a cabo los procesos de descentralización y desconcentración; de otra parte, varias son las provincias que a través de consultas han auscultado a sus ciudadanos la posibilidad de establecer en cada una de ellas regímenes autónomos, que les permita a éstas asumir nuevas competencias para la organización de sus funciones. El H. Congreso Nacional aprobó el 14 de noviembre del 2000 la urgencia de una propuesta de pregunta, de carácter general, que, de forma eventual, podría servir al Ejecutivo para llamar al país a pronunciarse sobre cómo aplicar un mecanismo constitucional. En tal sentido, Instituciones como el Consejo Nacional de Modernización lideran la discusión sobre el tema y ha preparado el borrador de discusión denominado “Anteproyecto de la Ley Orgánica de Régimen de Autonomía Provincial”, en tanto que las Asociaciones de Municipalidades y Consejos Provinciales también elevan sus propuestas.

De otro lado, una gran mayoría de ciudadanos no alcanzan a comprender el tema o no tienen claro sobre lo provechoso o perjudicial que le serían cualquiera de estas alternativas. Se cree también que alcanzar estas alternativas significaría, para los Organismos Seccionales, un manejo directo de los recursos fiscales generados en sus jurisdicciones y la apropiación, para su uso exclusivo, de los recursos naturales existentes en la zona; pero, en muchos casos, sin querer asumir competencias que, por ahora, las asume el Estado. De otro lado, otro grupo de ciudadanos encuentra en las opciones de la descentralización, desconcentración o autonomías una oportunidad para terminar con sus múltiples problemas, que de hecho los tienen, y cuya solución ha sido postergada por los gobiernos de turno.