Las asignaciones económicas del estado a los partidos políticos: su incidencia en los principios democráticos

Abstract

La realidad socioeconómica del país en sus diferentes manifestaciones, principalmente la política, ha sido el reflejo de la confusión y distorsión de las relaciones sociales provocado entre otros factores, por el régimen de los partidos políticos que ha dado lugar a la total desconfianza ciudadana, afectación a la vigencia democrática y pérdida de la imagen internacional.

Esta situación no ha sido precisamente el reflejo de las últimas acciones, sino que es la acumulación de errores de las dos últimas décadas, principalmente desde la reinstauración del régimen democrático en el país. Aparentemente la vivencia democrática podía haberse considerado como el medio para alcanzar el crecimiento y desarrollo económico del país, pero en la práctica esto no ha acontecido.

La evolución del régimen constitucional como punto básico de la democracia, ha gravitado en función del desenvolvimiento de los partidos políticos, a los cuales en gran medida se le atribuye los desaciertos y falta de gobernabilidad del país; basta ejemplificar la composición del Congreso Nacional que en las últimas décadas no se ha podido conformar una mayoría parlamentaria que fortalezca las labores legislativas, peor aún alcanzar un respaldo a la tarea de los gobiernos de turno. No ha existido un solo gobierno que no haya sido afectado por el fenómeno de “oposición” por parte del poder legislativo y de los partidos políticos.

Bajo esta óptica se puede precisar que la democracia ecuatoriana se halla cimentada sobre bases sumamente frágiles, sensible a una distorsión social, basta observar que en el lapso de cuatro años se han dado dos destituciones presidenciales y existido cuatro presidentes – Bucaram, Alarcón, Mahuad y Noboa – dando un promedio de un gobierno por año.

Uno de los puntos básicos sobre el cual se fortalece la democracia es la vivencia de los procesos electorales, sin embargo las normas que las rigen se han visto severamente cuestionadas por los problemas relacionados al control del gasto electoral y la corrupción presentada en la última campaña electoral, en el cual se vio comprometido el financiamiento de 3 millones de dólares por parte del banquero Aspiazu a la campaña del defenestrado Dr. Mahuad.

En estos términos se presenta desde el punto de vista político y principalmente social, la degradación del sufragio popular, pues el país se ve abocado a que los candidatos una vez alcanzado el poder, correspondan los favores a quienes financiaron su campaña.

Se ha dado debida cuenta de que el problema central del país, no es la falta de normas legales sino de aplicación de las existentes, no obstante, para el caso del control del gasto electoral se dictó una norma especifica, pues así lo requería y ha sido postergada por varios años, principalmente por intereses de partidos y de medios de comunicación que han señalada que esta ley atenta contra la libertad de expresión. La práctica y las evidencias presentadas en varias campañas fortalece la necesidad de que exista esta ley y que se inicie su aplicación en las elecciones intermedias de mayo de 2000, sin embargo como se esperaba, el Partido Roldosista Ecuatoriano, presentó ante el Tribunal de garantías un pedido de que sea revisada la ley por impracticable .

En este contexto y ante la problemática extremadamente delicada existente, se ha determinado la necesidad de que a través de la investigación “Las Asignaciones Económicas del Estado a los Partidos Políticos; su incidencia en los procesos democráticos” se analice la realidad política del país y establezca sus alternativas de solución que efectivamente de curso a un fortalecimiento democrático en el Ecuador.