Incidencia de las reformas al código penal en la infraestructura de los órganos jurisdiccionales y del sistema penitenciario

Abstract

La grave situación política, económica y social por la que atraviesa el país, no ha permitido su desarrollo, viéndose que el aparato productivo aún no da visos de recuperación; el desempleo y subempleo han crecido, la constante migración interna y externa está en aumento y es evidente el empobrecimiento de la población, lo cual ha incidido en el incremento de las tasas de delincuencia, la cual es una respuesta individual o de forma colectiva con naturaleza psicosocial, al enfrentamiento del hombre ecuatoriano con las circunstancias del entorno que le rodea.

La ciudadanía pide al Gobierno garantice la seguridad personal y de sus bienes, exigiendo el incremento de las penas, el establecimiento de la cadena perpetua, incluso con voces dispersas que hasta piden la instauración de la pena de muerte para los delincuentes con severas muestras evidentes de casos de ajusticiamiento por mano propia, por la ineficacia de la verdadera justicia.

La administración de justicia, con serios problemas en los ámbitos de las garantías para un adecuado proceso y desenvolvimiento administrativo, que teniendo alrededor de medio millón de casos sin resolver, se encontraba con un sistema procesal penal que se regía bajo un ambiguo e inaplicable sistema, situación ésta que influyó notablemente en el actual sistema penitenciario.

En un exhaustivo análisis en diferentes foros y distintos momentos, las causas de la ineficiencia del Sistema Penitenciario parecen apuntar hacia el no entender y el no señalar claramente que la criminalidad tiene sus raíces en problemas sociales y no tan sólo individuales y que por lo tanto, su solución no podrá lograrse dentro de la prisión ni sólo en condición de segregación de las personas que delinquen. Con las reformas al Código Penal y al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, el 28 de septiembre del 2001, se pretendió que con el endurecimiento de penas se aplacaría o se reduciría a la delincuencia en el país, sin tener en cuenta que más bien se agravaría, dado que, por un lado, la injusticia social se mantiene acrecentándose la inseguridad, por otro lado, con dichas reformas se posibilita la acumulación de penas hasta por treinta y cinco años. Esta situación incidirá de manera total en la infraestructura del sistema penitenciario en mayor grado, por cuanto la infraestructura es decadente y sin capacidad de atender a nuevos reos que cumplirán largas condenas, y en menor grado al sistema judicial, porque sin embargo de contar con edificios antifuncionales, que en el mejor de los casos han sido adaptados, no sirven para cumplir con las exigencias procésales, viéndose justificado su accionar al tomar las declaraciones en el propio centro penitenciario.

Consecuentemente, la cárcel no debe ser el único ni el predominante espacio en la ejecución de la pena; favorecen pues, la no-institucionalización de aquellos que lo requieran, desarrollando todos los mecanismos y recursos legales e institucionales necesarios. Y es a través del análisis y desarrollo de potencialidades del privado de libertad, que se atenderán sus necesidades prioritarias a partir de su condición de adulto (mujeres y hombres) y de menor (niñas y niños), a través de diferentes niveles de intervención y en una estrecha relación de coordinación directa y responsable con la estructura social.

Ante la situación descrita, se ha considerado, denominar a la presente tesis de maestría: “Incidencia de las reformas al Código Penal en la infraestructura de los órganos jurisdiccionales y del sistema penitenciario”, se justifica en razón de que se puede investigar la problemática desde una óptica que tenga como finalidad encontrar una propuesta de funcionalidad, a fin de satisfacer el creciente número de internos producto de la reforma penal.