Revista IAPEM - Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México - Número 33, Enero-Marzo, 1997

Abstract

El marco jurídico que sustenta la acción estatal en la sociedad no puede ser eterno y sin cambios, una generación no puede pretender sujetar a las futuras generaciones a normas superadas por la realidad. Las garantías individuales, el papel mismo que juega el Estado en la sociedad las necesidades de esta, su entorno material, cultural, económico y político, son mutables y traen en consecuencia, que los estados a su vez, cambien, reformen, adicionen o sustituyan las normas que los rigen, si no quieren quedar rezagados y verse rebasados por la sociedad. El Estado de México es una de las entidades que más se ha preocupado -y ocupado- por la justicia administrativa en el país , bajo los principios de que sea pronta y expedita, como una forma de atender la creciente actividad de una administración pública cada día más dinámica y con estricto apego a derecho, para garantizar, sin afectar , los intereses legales de la población. El Código de Procedimientos Administrativos, recientemente aprobado por la Legislatura local, contiene importantes innovaciones protectoras de los derechos particulares frente a los actos de la administración pública. Dichas reformas responden cuestiones trascendentales en la vida de la sociedad mexiquense, y han sido aprobadas por los partidos representados en la Cámara de Diputados, lo cual denota un consenso entre ellos en favor al respeto de los derechos ciudadanos frente a la acción publiadministrativa estatal y municipal. El presente número de la Revista incluye las reflexiones y análisis de distinguidos servidores públicos del gobierno estatal y municipal, de diputados locales y académicos, varios de los cuales también han participado en los diferentes foros de difusión del Código. distribuidos estratégicamente en todo el territorio estatal. convocados conjuntamente por la LIII Legislatura estatal , el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el propio IAPEM, para que los ciudadanos lo conozcan y hagan valer sus derechos tutelados en este trascendental instrumento jurídico.