Revista IAPEM - Número 47, Septiembre-Diciembre, 2000

Abstract

En la actualidad se viven procesos de transformación en prácticamente todos los aspectos de la vida social que de manera individual o colectiva, afectan nuestra percepción del papel que deben jugar cada uno de los actores en las relaciones sociales. Esta transición implica, entre otros importantes aspectos, el replanteamiento de lo público y lo privado, más allá de lo gubernamental; la relación entre lo local y lo nacional y, por supuesto, el papel que deben desempeñar el gobierno y la administración pública en materia de seguridad social y de fortalecimiento municipal, temas de reflexión en el presente número de la Revista. La humanidad inicia el nuevo siglo con avances de enorme magnitud y profundidad en sus capacidades científicas, tecnológicas y productivas. Sin embargo, no se están transformando en mejoras en las difíciles condiciones de vida de amplios sectores sociales. La crisis económica y el ajuste estructural en los 80 deterioraron la seguridad social. El aumento del desempleo la expansión del trabajo informal redujeron la cobertura y los ingresos del sistema, ando paso a la privatización de algunas parcelas de la seguridad social (como las pensiones), a procesos de descentralización administrativa y al aumento de la eficacia, eliminando el monopolio estatal en la materia. Existe consenso entre organismos y expertos nacionales e internacionales en cuanto a que el Estado debe desempeñar un papel clave en la compensación de los costos sociales del ajuste estructural, sobre todo entre los grupos más afectados, mediante los programas existentes, modificados o nuevos. Esta acción es fundamental por razones humanitarias y de equidad como para segurar la estabilidad política y el apoyo para la reforma económica. Hay consenso, demás, en la necesidad de la reforma de la seguridad social, pero no respecto del tipo de cuado para transformar el sistema. Si es claro, en cambio, que la seguridad social deja de ser una tarea exclusiva del Estado para ser una responsabilidad compartida con el sector privado y con otras organizaciones sociales.