Revista IAPEM - La Responsabilidad Democrática de la Administración Pública- Número 55, Mayo-Agosto, 2003

Abstract

En tiempos de sociedades abiertas y liberales que corresponden las a la instituciones maduración y democráticas, consolidación la de administración pública tiene que desenvolverse no sólo con apego a la constitucionalidad y legalidad que son atributos innegociables del Estado de derecho, sino con mayor responsabilidad ante los reclamos que se originan en la vida asociada, los cuales se caracterizan además, por demandar que sea una institución creativa, eficaz y sensible. El una fortalecimiento tarea que de los también valores concierne democráticos a los es cuadros administrativos burocracia profesional así como a los encargados de las tareas de dirección e implementación que están comprometidos con el espíritu de lo público. El espíritu de lo público implica que la administración pública tiene a su cargo responsabilidades de las cuales depende la adhesión de los ciudadanos con el orden jurídico y político. El espíritu de lo público es una constante que hoy día influye en la concepción y calidad del desempeño institucional, porque es el referente que orienta y puntualiza la responsabilidad que la propia administración pública tiene ante la población civil y los grupos ciudadanos. En la lógica del espíritu público, la transparencia y la rendición de cuentas tienen particular relevancia, dado que permiten identificar cómo el público ciudadano y la administración pública establecen nuevas formas de comunicación y acercamiento en favor de una vida colectiva informada, respetuosa y productiva. Ello implica que la secrecía y la irresponsabilidad como legado de la cultura bonapartista y cesarista, se encuentran muy distantes de la gestión democrática de los gobiernos, la cual se inscribe en el ámbito de sociedades que tienen como arquetipo la consolidación de los sistemas y condiciones que se orientan a nutrir la calidad de vida en todos sus aspectos. Por tanto, los gobiernos democráticos se caracterizan por ser abiertos, receptivos e interactivos, y tienen como premisa central que sus instituciones no sean cotos cerrados de poder, sino la expresión más acabada de interlocución, consulta y corresponsabilidad. En este caso, la administración pública no puede ni debe ser entendida como una caja negra, es decir, como institución cosificada e inaccesible a los ciudadanos.