Revista IAPEM - La Trascendencia de la Ética en la Administración Pública - Número 57, Enero-Abril, 2004

Abstract

En las sociedades democráticas que recogen los valores del liberalismo con fines institucionales, los asuntos públicos tienen importancia creciente debido al impacto que generan para los gobernados y las organizaciones ciudadanas. La publicitación de las acciones del gobierno corresponde a contextos en los cuales la cultura política en favor de la democracia, es parte medular para estimular la vigilancia, la supervisión y el mejoramiento sobre el desempeño de las instituciones administrativas. Es importante para la vida democrática, que la eficacia y la responsabilidad sean el binomio que acredite el prestigio de la administración pública ante las exigencias de la vida ciudadana. Sin embargo, no es suficiente para fines de reconocimiento institucional, que ese binomio sea el único que la caracterice de modo categórico. En términos de credibilidad y aceptación, los valores de la ética deben ocupar un lugar fundamental en el quehacer administrativo y gubernamental, porque son elemento imprescindible para que los fines y los procesos de gobierno no sólo tengan validez legal, también legítima. Si la legalidad es la base para tener confianza en los poderes institucionales y las autoridades constituidas, la legitimidad es el prestigio que tienen para que sean aceptados por los gobernados. Ninguna sociedad democrática se desarrolla con plenitud y continuidad, si los asuntos públicos carecen de referente ético, pues hay el riesgo de que se valoren con la postura peyorativa de que el fin justifica los medios. Ninguna administración pública por más eficiente que sea, cumple con su razón social cuandososlaya la importancia que para ella y la sociedad tienen las conductas honradas, las cuales son un activo valioso para la organización y el funcionamiento de la vida colectiva. El deterioro de las instituciones administrativas inicia desde el momento en que la ética está ausente en los procesos de la gestión pública. Ésta situación convierte al servicio público en un botín donde el reparto de cargos y posiciones fomenta la cultura del patrimonialismo y con ello de la corrupción entendida como un mal público que provoca efectos devastadores en la sociedad civil.