Análisis del instrumento público de política eléctrica: contratos regulados en el Ecuador período Agosto 2008 – Julio 2011

Abstract

En el Sector Eléctrico Ecuatoriano a partir de la expedición del Mandato Constituyente No. 15 en julio de 2008, se inició un proceso de modificación del modelo de mercado eléctrico que desde el año de 1999 hasta agosto de 2008, se encontraba vigente. A partir de la emisión del mandato, una nueva política pública en el sector se ha buscado implementar. Nace un modelo de mercado regulado, que en el entorno de los países que conforman América del Sur no se ha observado, las condiciones del nuevo contexto tiene su particularidad en el Ecuador. Los participantes del sector eléctrico (generadores y distribuidores), para participar en este sector deben suscribir los contratos regulados, que son contratos de compra-venta de energía, considerando el contenido de las respectivas regulaciones que han sido emitidas por el Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-, organismo dotado de amplios poderes y facultades, capaz de implementar y vigilar la emisión del instrumento público: contrato regulado. La implementación de dicho instrumento se efectúa con el inicio del proceso de suscripción de los contratos regulados, entre las empresas de generación y las empresas eléctricas de distribución, donde el generador pone a disposición del distribuidor toda su generación y ésta es repartida de forma proporcional a la demanda. De forma casi inmediata a la emisión del Mandato Constituyente, se publica en el Registro Oficial 518 de 30 de enero de 2009, el Acuerdo Ministerial No. 035, cuyo contenido se refiere a las políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo en el sector energético, siendo necesario analizar las políticas públicas emitidas en el sector eléctrico y la consideración de los contratos regulados dentro de dichas políticas. El presente trabajo busca analizar, cuál ha sido el resultado de la implementación del instrumento de política pública: contratos regulados en el Ecuador, partiendo de un objetivo principal que es, el considerar si su existencia es producto de la política pública del sector eléctrico ecuatoriano que ha venido siendo considerada o de una política emergente que brindó una posible solución al sector eléctrico que se encontraba en crisis.