Transparencia de las resoluciones de determinación de responsabilidades de la Contraloría General del Estado ecuatoriano desde el año 2023: principios de seguridad jurídica y confianza legítima

Abstract

El principio de transparencia reviste tal relevancia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que constituye uno de los ocho principios expresamente reconocidos en la Constitución de la República como rectores de la Administración pública. Dicho principio mantiene una vinculación directa con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales, en sede administrativa, configuran una suerte de símil de lo que en el ámbito jurisdiccional se conoce como precedente judicial. En el marco de las competencias atribuidas a la Contraloría General del Estado, el conocimiento de su línea decisional por parte de las personas sujetas a control resulta trascendental para el efectivo ejercicio del derecho a la defensa. En este contexto, la investigación tuvo como objetivo general determinar si los mecanismos de transparencia implementados por la Contraloría para el acceso a sus resoluciones de determinación de responsabilidades son compatibles con el cumplimiento de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en las actuaciones administrativas. Para ello, se desarrolló una investigación de carácter descriptivo y exploratorio, en la que se solicitó información tanto a la Contraloría General del Estado como al Consejo de la Judicatura, y se aplicó la técnica de la entrevista con el fin de incorporar diversas perspectivas. Entre los principales aportes del artículo, se introduce la teoría de la “dimensión bilateral del control”. Como resultado de la investigación, se concluye que, en la actualidad, los mecanismos de transparencia de la Contraloría para el acceso a sus resoluciones de determinación de responsabilidades no resultan afines al cumplimiento de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, debido a: i) la particularidad de la figura de la ejecutoriedad en los procedimientos sancionadores de competencia de la Contraloría; ii) la falta de transparencia respecto de las resoluciones ejecutoriadas; iii) las limitaciones del buscador del portal web institucional; y, iv) la negativa de la Contraloría a proporcionar la identificación numérica de sus resoluciones ejecutoriadas, con base en el Reglamento de Clasificación de la Información.