Resumen:
El inédito crecimiento de la violencia y de la criminalidad en Ecuador ha supuesto una crisis de consecuencias todavía no cuantificadas. Para enfrentarla, los distintos Gobiernos que se han sucedido en Carondelet desde 2021 han debido implementar una serie de políticas y estrategias
orientadas a contener ambos fenómenos.
Durante el período gubernamental comprendido entre mayo de 2021 y el 22 de noviembre de 2023 el expresidente Guillermo Lasso decretó 23 estados de excepción (Plataforma Presidencial, 2024), lo que implica un decreto ejecutivo por cada 1,3 meses. En este período sucedieron 15 masacres carcelarias, las cuales produjeron un aproximado de 500 muertes violentas (Paladines, 2023, pp. 31-32). Además, Ecuador cerró el año 2023 siendo el país con la tasa de violencia más elevada de toda América Latina (InSight Crime, 2024).
En noviembre de 2023, se produjo un cambio de mando. El 21 de dicho mes, inició actividades el nuevo Gobierno de Ecuador. En este mandato, el presidente recién posesionado continuó con la lógica de seguridad implementada en el período anterior. De hecho, hasta el momento se han declarado tres estados de excepción (a un promedio de uno cada dos meses), a esto se suma la declaración de conflicto armado no internacional (CANI), mediante el Decreto Ejecutivo N.º 111 del 9 de enero de 2024. Estas medidas permitieron la participación de los militares en el control de las cárceles, el apresamiento masivo de supuestos miembros de organizaciones terroristas2 y, por último, la convocatoria a una consulta popular cuyo tema central fue la participación de los militares en la seguridad ciudadana. Sin embargo, a lo largo del primer quimestre del 2024, se observó un incremento de la violencia en sus distintas manifestaciones, como secuestros, 3 extorsiones4 y, en algunas localidades, incluso asesinatos.5 En este escenario, ¿qué balance se puede hacer de estas iniciativas? ¿Cómo deben enfrentar los desafíos de la criminalidad el Estado y la sociedad ecuatoriana? ¿Qué sucede con la democracia en un contexto de predominio de la mano dura? ¿Cómo se ven afectados los derechos
humanos en medio del CANI? ¿Qué ocurre con las mujeres en medio del fuego cruzado? ¿En qué
coincide la gestión de riesgos con la gestión de la seguridad ciudadana?
