Resumen:
En Ecuador el servicio notarial en los últimos años ha evolucionado progresivamente en el ámbito de sus atribuciones, pasando de ser una actividad meramente certificadora por ejercer acciones de carácter procesal en materia de jurisdicción voluntaria. Esta transformación tiene como finalidad principal contribuir a la descongestión del sistema judicial del país y acercar aquellos trámites de carácter no contencioso a la población, otorgando legislativamente al notariado competencias de carácter exclusivo. No obstante, esta situación conlleva cierta confusión en lo que respecta a la delimitación precisa de los límites entre la esfera de acción del notariado y la jurisdicción ordinaria en los actos de jurisdicción voluntaria. La investigación se planteó como problema central la existencia de una falta de claridad determinante en lo que concierne al establecimiento preciso de las competencias del notariado en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Esta situación se caracteriza por la presencia de vacíos e imprecisiones de carácter legal que terminan por suscitar un escenario de inseguridad jurídica. Por lo que, el objetivo general de la investigación fue analizar los principales desafíos que enfrenta el servicio notarial ecuatoriano en el cumplimiento de las atribuciones vinculadas al ámbito de la jurisdicción voluntaria. La metodología empleada en la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un método exegético, el modo de investigación es normativo - jurídico aplicando técnicas como la entrevista normativa consuetudinaria dirigidas a notarios del cantón Otavalo, como resultado de un muestreo no probabilístico de la investigación. El estudio se centró en el análisis del marco jurídico vigente sobre las competencias de carácter exclusivo del notariado, la identificación de limitaciones de tipo normativo en el ámbito de la jurisdicción voluntaria y la descripción de los obstáculos existentes. Se concluye que el notariado ecuatoriano requiere de una construcción jurídica de carácter integral para el adecuado ejercicio de la jurisdicción voluntaria. Esta construcción debe proveer claridad normativa, recursos institucionales suficientes, implementación tecnológica actualizada y formación de capital humano especializado en la materia. De esta manera, se generaría un escenario que garantice la seguridad jurídica tanto para los usuarios del servicio notarial como para los propios notarios en el cumplimiento de sus funciones.
