Resumen:
El Ecuador reconoce al derecho a una vivienda adecuada dentro de los derechos del buen vivir, para un nivel de vida adecuada y digna, dicho derecho y su acceso se materializan en un bien cuya financiación se encuentra ligada al sistema financiero nacional y dentro este con las cooperativas de ahorro y crédito. Estas organizaciones al realizar actividades de intermediación financiera están reguladas por el Estado a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las regulaciones de la junta mencionada en lo referente a los techos de interés y a la gestión de cobranza por créditos en materia de vivienda tienden a desvirtuar el sentido íntegro del derecho a la vivienda adecuada, concibiéndolo como un simple activo financiero y una mera garantía crediticia, a través del cual se solo se obtiene gananciales e incrementa el capital de las entidades. Este hecho conlleva a que las cooperativas de ahorro y crédito se despreocupen de las necesidades y derechos de sus socios, convirtiéndose en entidades financieras lucrativas que solo pretenden la maximización de gananciales dinerarios. Por ello es importante que el Estado por medio de sus agentes establezca políticas y regulaciones claras, precisas y específicas para las cooperativas de ahorro y crédito, en torno a su esencia social y solidaria y a una coparticipación jurídica, financiera y social. Las políticas y regulaciones que vinculen a la vivienda con el sector cooperativista deben articularse alrededor de un solo sujeto, el ser humano y su bienestar, por encima del beneficio egoísta del capital y del mercado.
Descripción:
Ecuador recognizes the right to adequate housing, within its rights for adequate and dignified standard of living. This right is linked to the national financial system and within this the savings and credit cooperatives. These organizations when carrying out financial intermediation activities are regulated by the State through Monetary and Financial Policy Regulation Board. The regulations on interest rates and collection management for housing loans tend to change the sense of the right to adequate housing, conceiving it as a simple financial asset, through which it is only possible to obtain profits and increase the capital of financial institutions. This fact leads savings and credit cooperatives to neglect the needs and rights of their members, becoming only in lucrative financial entities. For this reason, is important that the State through its agents establish precise and specific policies and regulations for savings and credit cooperatives, around their social and solidarity essence. Through policies and regulations that link housing with the cooperative sector. In addition, it must be articulated around a single subject, the human being and their well-being, above the selfish benefit of capital and the market.
