Resumen:
A partir de la expedición del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el año 2014, en el Ecuador se eliminaron los órganos jurisdiccionales especializados que conocían sobre los delitos de función del personal militar y policial. Esta competencia se radicó en los jueces y tribunales penales, cuya experticia apuntala hacia el derecho penal, pero no necesariamente con conocimiento sobre legislación castrense, lo que contraría al Art. 160 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008); hecho que deriva en la violación de los derechos al debido proceso y la defensa de estos servidores. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es analizar el impacto que provoca la inexistencia de jueces, tribunales y salas especializadas en materia penal militar y policial en los derechos al debido proceso y la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas, y su irradiación en el ejercicio de las funciones propias de estos cargos, apuntando a demostrar que el juzgamiento de los delitos de función del personal militar, que excluye la noción del servicio y los protocolos para el ejercicio del uso legítimo de la fuerza, no sólo atenta al derecho al debido proceso y la defensa de los procesados, sino que trasciende en el debilitamiento del ejercicio de las funciones propias de estos cargos para el mantenimiento del orden y la paz social.
Descripción:
With the enactment of the Integral Criminal Code (COIP for its acronym in Spanish), in 2014, in Ecuador the specialized jurisdictional bodies that knew about the crimes of function of military and police personnel were eliminated. This competence was settled in the criminal judges and courts whose expertise underpins criminal law, but not necessarily with knowledge of military legislation, and goes in contrary to Article 160 of the Constitution of the Republic of Ecuador; a fact that results in the violation of the rights to due process and the defense of these servers. Hereby, the objective of this research is to analyze the impact caused by the absence of judges, courts and specialized chambers in military and police criminal matters on the rights to due process and the defense of members of the Armed Forces, and its irradiation in the exercise of the functions of these positions, aiming to demonstrate that the prosecution of crimes of function of military personnel, which excludes the notion of service and the protocols for the exercise of the legitimate use of force not only undermines the right to due process and the defense of the defendants, but transcends in the weakening of the exercise of the functions of these positions for the maintenance of order and social peace.
