Factores que contribuyen y efectos que emergen de la caducidad de los procesos judiciales del tipo penal interceptación ilegal de datos

Abstract

El tema del presente artículo es harto complejo por tratarse de un delito internacional que abarca nuevas formas de delincuencia común y organizada que pone en riesgo la información privada posiblemente en situaciones fuera de la ética, la moral y la legalidad, partiendo de la lesión que se podría dar a la información (datos informáticos) como bien jurídico protegido, utilizando para ello el internet como medio de comisión del delito. En el caso de nuestra legislación, en el artículo 29 del Código Orgánico Integral Penal, contempla la incorporación de valores inmateriales como bienes jurídicos protegidos, la información es uno de ellos ya sea como un valor económico o un valor intrínseco de la persona por su fluidez y tráfico jurídico. Estos actos delictivos presentan grandes dificultades para su comprobación que en su mayoría son dolosos y a pesar de ser denunciados en la Fiscalía General del Estado, no pueden llegar a ser judicializados debido principalmente a la falta de capacitación o especialización del personal encargado de la procuración, administración e impartición de la justicia en materia informática, la falta de colaboración de otros países en lo que a asistencias internacionales concierne, contribuyendo de esta manera a la caducidad, por ende al atropello los derechos del titular del bien jurídico protegido. Este quizá es el patrón factico que nos estaría llevando a la no judicialización del delito informático de interceptación ilegal de datos, dando lugar a la afectación de ciertos derechos de los ciudadanos como es la reserva o intimidad y confidencialidad de los datos, la fiabilidad del tráfico jurídico y probatorio, el derecho de propiedad. En la provincia de Pichincha, si bien existen alrededor de 74 denuncias en la fiscalía por el delito de interceptación ilegal de datos, a partir de la fecha que entró en vigencia el COIP (setiembre 2014) hasta diciembre de 2016, todas permanecen en la etapa de investigación según registros y estadísticas de la Fiscalía General del Estado; es decir, no existe sentencia ejecutoriada alguna. Esta investigación se propone determinar los factores que contribuyen a la caducidad de los procesos judiciales del tipo penal interceptación ilegal de datos, los efectos que acarrea la falta de su judicialización y los hechos caóticos y confusos en cuanto a la praxis normativa jurisprudencial en la provincia de Pichincha de la República del Ecuador desde que entro en vigencia el COIP hasta diciembre 2016.