Revista IAPEM - Democracia y gobernabilidad en América Latina - Número 26, Abril-Junio, 1995

Abstract

Democracia y gobernabilidad son dos de los temas más complejos y de gran actualidad en el escenario mundial de fin de siglo. Frente a una sociedad civil más informada, exigente de más y mejores servicios, evaluadora de la gestión pública e interesada en ser parte activa y comprometida en la definición y solución de los problemas que le afectan, es imprescindible mejorar la capacidad de gobierno, de forma tal que la oferta política satisfaga las demandas y expectativas sociales, que en la actualidad parecen incrementarse exponencialmente. En este contexto, los gobiernos de América Latina enfrentan enormes dificultades por su condición de países subdesarrollados, en medio de una crisis económica que se reproduce constantemente en el pernicioso círculo de intentos de modernización-crisis, sujetos a grandes deficiencias tecnológicas y escasez de recursos, por una parte y, por otra ante una necesidad imperiosa de modernizar las estructuras del Estado que les permitan darle cauce a las expresiones plurales de los partidos políticos y sociedad en general; una reforma de Estado que en última instancia sea la base para superar los elevados índices de pobreza y de concentración del ingreso. Ante la magnitud de estos retos democracia y gobernabilidad se presentan como un binomio indisoluble en el futuro de nuestros países. El centralismo, característico de la región latinoamericana, en un tiempo elemento primordial para darles viabilidad como Estados independientes y más autónomos, ha entrado en una fase de rendimientos decrecientes; hoy más que una fortaleza, constituye un obstáculo para afrontar los retos de una sociedad más democrática y una economía globalizada. Así, por cuestiones ideológicas o pragmáticas, los países de la región, con diferentes grados de intensidad, han instrumentado procesos descentralizadores que buscan potenciar los poderes estatales y municipales, aumentando su capacidad de gobierno y gestión, además de propiciar una más organizada, activa y permanente participación social en las políticas, planes y proyectos de gobierno en las tres instancias: federal, estatal y municipal.