Análisis del rol de la Cooperación Internacional en la Respuesta que ha brindado el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) frente a la llegada de población venezolana durante el período 2017 – 2018 al Ecuador.

Abstract

La situación política, social y económica de Venezuela se ha venido deteriorando en los últimos cinco años y a consecuencia de ello, se ha producido un éxodo masivo de población, causando que los países de América Latina se conviertan en lugares de tránsito y de destino, como es el caso de Ecuador. La presente investigación evidencia en parte, la alta demanda de llegada de los ciudadanos venezolanos al Ecuador en el periodo 2017 – 2018 quienes con el propósito de radicarse en el país o de transitar hacia países del Cono Sur como Colombia, Perú, Chile o Argentina, tienen la expectativa de mejorar su estilo de vida o de proteger y salvaguardar su integridad, pues las condiciones en su país de origen cada día estaban en franco deterioro por la crisis política social, superando inclusive, “la capacidad de respuesta de los países receptores debido a las condiciones de vulnerabilidad preexistentes y servicios” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018, p.10). Desde inicios del año 2016 en Ecuador se venía identificando la entrada de personas venezolanas al territorio ecuatoriano por distintos medios de transporte, en su mayoría por vía terrestre y en menor número por vía aérea. Entre ellos traían consigo un título que les avale el poder ejercer su profesión en el país de destino, “30% de las personas cuentan con estudios secundarios, y según la encuesta realizada entre agosto y septiembre de 2018, por la OIM, otros llegaban con sus familias nucleares completas y con ahorros para empezar de cero y así integrarse social y económicamente, accediendo en el mejor de los casos y dependiendo de la documentación que disponían como Pasaporte, Visa de Trabajo a ejercer sus profesiones, en consecuencia al reconocimiento de los derechos laborales de ley, así como a los servicios básicos como salud, educación, vivienda”. (OIM, 2018).