Gestión política del Ecuador frente a la garantía de los derechos humanos de las personas extranjeras privadas de libertad, a partir de los correspondientes tratados internacionales, entre 2015 y 2020

Abstract

La población penitenciaria en el Ecuador, a octubre de 2020 se encuentra constituida por 40.078 personas privadas de libertad (PPL), de las cuales 3.220 son de origen extranjero, correspondiendo a 2.853 hombres y 367 mujeres. La mayoría, 1.533, equivalente al 49,3%, cumple sentencias por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, el restante 50,7%, está dividido entre varios delitos como asesinato, sicariato, femicidio, violencia física, violencia sexual y otros. Las PPL constituyen un grupo catalogado como de alta vulnerabilidad, condición que se acentúa cuando la o él condenado es de origen extranjero, obligado a enfrentar un proceso y una reclusión en un país distinto al de su origen, alejado de su entorno social, cultural y familiar, lo que en suma constituye una afectación a su calidad de vida, ya de por sí trastocada por su condición de recluido. Frente a la necesidad de precautelar los derechos humanos (DDHH) de las PPL, tanto los Organismos Internacionales (OI), como el marco constitucional ecuatoriano cuentan con leyes que garantizan su respeto irrestricto. No obstante, la praxis in situ, muchas veces es antagónica al espíritu garantista de aquellos postulados. Por lo que, es necesario profundizar en la situación de los DDHH de las PPL, analizar los contenidos de los tratados internacionales suscritos por el Ecuador sobre este tema y evaluar el impacto de sus alcances con base en los resultados obtenidos de su aplicación.