La defensa integral como estratégica para accionar de manera conjunta y coordinada ante la amenaza del tráfico ilícito de drogas (narcotráfico), en el Estado venezolano de Apure en el periodo 2008-2013

Abstract

La complejidad del fenómeno nacional del tráfico ilícito de drogas (narcotráfico), lo convierte en una amenaza a nivel internacional, ya que casi todos los países del mundo cumplen uno o varios roles dentro de la actividad narcotraficante. Podemos destacar el caso de América del Norte el cual sigue siendo el mayor consumidor de cocaína, al igual que América del Sur, específicamente en la región Andina donde se produce la mayor cantidad de esta producción es enviada a 10 millones de consumidores en los EEUU y Europa. La mayoría de países de la región son vulnerables a este crimen internacional por sus condiciones socioecnómicas. Por esta razón este fenómeno requiere de una atención especial, ya que se desarrolla por causas jurídicas, económicas, así como también por el contexto socioeconómico precario existente en algunas regiones o territorios, don las políticas públicas aplicadas por algunas Estados son deficitarias, convirtiéndose el narcotráfico en una actividad muy lucrativa, que deja ganancias millonarias en la mayoría de los casos. Algunos Países de la Región han implementado estrategias que buscan erradicar esta amenaza que pone en peligro la estabilidad democrática, la calidad de vida y más aún la Seguridad y Defensa de la Nación, tal es el caso de Venezuela quien implementó a partir del año 2008 la Estrategia de "Defensa Integral" para hacerle frente a una serie de riesgos y amenzas que atentan no solo a la seguridad sino también atañe a la defensa por sus actos violatorios a la soberanía, esto se puede evidenciar en el estado venezolano de Apure, donde parte de su territorio, el narcotráfico intenta utilizarlo como tránsito de la droga que viene de los países productores y sale hacia el Caribe y Centro América. Esta estrategia involucra tanto al Estado y a la Sociedad Civil, fundamentada en la corresponsabilidad de la seguridad de la Nación y cumpliendo con los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, así como también las garantías constitucionales tanto individuales como colectivas de los ciudadanos venezolanos.