Análisis de la calidad de vida de la población venezolana en democracia mínima y en democracia participativa

Abstract

El modelo de democracia mínima establecido en Venezuela a través de la Constitución del 23 de enero del año 1961, representó el inicio de un esquema de Gestión Pública adaptada a las realidades políticas, económicas y sociales existentes para la época, teniendo como uno de sus mayores avances democráticos la implementación del voto directo y secreto para la elección de los representantes ante los poderes públicos del Estado. Dicho esquema se caracterizó por un impulso de la actividad petrolera y rentista que logró alcanzar un crecimiento económico importante, permitiendo desarrollar un conjunto de obras públicas de envergadura para servicios públicos, empresas básicas, infraestructura vial, entre otras. Creando por un lado atractivas fuentes de empleo en los grandes polos de desarrollo del país, a costa de un desequilibrio significativo en la planificación urbana, manifestándose en marginalidad, subdesarrollo, pobreza y deterioro de la calidad de vida de un sector importante de la población. Luego de continuas manifestaciones políticas y sociales en rechazo al modelo de democracia mínima de implementación de medidas económicas de carácter neoliberal durante finales de la década de 1980 e inicios de la década de 1990, mostrando señales palpables de agotamiento. La población venezolana comienza a exigir la transformación del modelo representativo hacia otro de mayor protagonismo y participación social en el ejercicio de la política, aprobando el 16 de diciembre del año 1999, una nueva constitución nacional, legitimada por más del 70% del electorado mediante referéndum popular, manteniéndose en el texto jurídico el voto directo y secreto para la elección de las autoridades de los poderes públicos, sin embargo se establece la participación ciudadana como mecanismo de deliberación política de las acciones que incidan sobre la calidad de vida de la sociedad y su impacto con el medio ambiente. Por otro lado se reconocen derechos a la sociedad que anteriormente eran un privilegio de pocos, así como la atención efectiva a sectores tradicionalmente excluidos de la intervención del Estado. No obstante, la dependencia económica del petróleo, la constante regulación de la actividad comercial del sector privado, la sustentabilidad económica de las políticas sociales y servicios públicos, se presentan como los grandes desafíos a encarar por parte de la administración actual, en función de incrementar los niveles de efectividad de las políticas redistributivas para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la sociedad en general.