Vulneración del derecho a la libertad personal a causa de la criminalización de la tenencia de drogas ilegales, para el consumo personal.

Abstract

El consumo y uso de drogas, datan de las primeras culturas del planeta, quienes las consumían en un contexto espiritual, ritualístico y medicinal, para luego con el surgimiento del Cristianismo iniciar un reproche moral. Siendo la llamada “guerra contra las drogas” iniciada por E.E.U.U, el punto de partida para la represión y criminalización del tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

En el caso Ecuatoriano la primera norma sobre drogas, inicia con un reproche moral, para posterior llegar a sancionarse el tráfico de sustancias con penas de reclusión de hasta dieciséis años (año 1987). Para llegar hasta la Constitución de Montecristi (2008), que establece una garantía normativa que prohíbe la criminalización a los consumidores de drogas, en cuya base el CONSEP emite la Resolución 001-CD-2013, que fija las cantidades máximas para el porte y consumo personal de alcaloides, siendo aquí donde se inicia un análisis de la dosis personal que un farmacodependiente puede tener para su consumo y que a criterio de varios de los tratadistas que se citan en la investigación, no puede estandarizarse, siendo que la cantidad de consumo depende de varios factores, como son: el grado de toxicidad de la sustancia administrada y las características individuales de cada consumidor.

En esta línea y realizando un análisis del elemento de lesividad de la conducta en caso de tenencia o posesión de sustancias para consumo personal, se verifica que la acción realizada por el sujeto activo de la infracción (consumidor) no vulnera el bien jurídico protegido por el Código Orgánico Integral Penal, que en caso del tráfico de sustancias es la salud pública. Así también se establece que, es la finalidad de la tenencia de sustancias la que constituye una conducta penalmente relevante, y si es finalidad no es el tráfico, sino el consumo, no es susceptible de sanción penal.