La sindicalización de los servidores públicos

Abstract

A partir de la década de 1960, el Estado Ecuatoriano ha sufrido una transformación evidente tanto en sus funciones tradicionales como poder público administrador, regulador y controlador, cuanto por su activa participación en áreas de los servicios públicos, circunstancia que le ha obligado a rediseñar sus objetivos y reestructurar sus instrucciones con el fin de cumplir efectiva y oportunamente con dichos propósitos. Esta característica del Estado se hace más clara cuando en la década del 70, en razón de la explotación petrolera, debe crear nuevo organismos o reorganizar los existentes para que administren los ingresos económicos provenientes de dicho recurso. La administración pública, e inmersa en esta la burocracia ecuatoriana no solamente creció cuantitativamente sino cualitativamente; efectivamente; de aproximadamente 150.000 servidores públicos registrados en 1973, para 1980 se anotan 222.00, estimándose para 1985 en 350.00, es decir el 12% del PEA. Esta burocracia crece igualmente cualitativamente, pues las tareas que debe asumir, organización, dirección y ejecución de proyectos claves para el desarrollo económico- social del país, exigen una alta calidad técnica profesional, a más de un tratamiento adecuado que haga posible su permanencia y eficiencia en el servicio público. La necesidad de regular y el ingreso y la permanencia de los servidores públicos, fue preocupación de algunos gobiernos, destacándose la ley de 1952 expedida por el Sr. Galo Plaza Lasso y la de 1959 por el Dr. Camilo Ponce, ambas sanciones en las postrimerías de sus mandatos. Posteriormente la Junta Militar de Gobierno (1963-1966) promulgo la Ley de Servicio Civil y Carrear Administrativa vigente. Pero recordemos que los trabajadores ecuatorianos, incluidos los denominados “obreros” del sector público, han venido regulando sus relaciones de trabajo con el Código de Trabajo, expedido por el jefe supremo de la Republica, General Alberto Enríquez el 5 de agosto de 1938, legislación resultante de una larga trayectoria que data desde la primera Ley Obrera sancionada por el Presidente Baquerizo Moreno en septiembre de 1916.